Sabemos que una pirámide financiera, o esquema de Ponzi (por el célebre caso estadounidense de los 20’s) es un sistema de estafa recursivo, aritméticamente no viable después del nivel 13 (pues en este nivel se requeriría una población participante mayor a la actual en el mundo), cuya rentabilidad, relativa al nivel que se ocupe en la estructura, depende de la estabilidad con la que se pueda captar nuevos inversionistas: potenciales estafadores temerarios (muchas veces también incautos) que, cautivados por la promesa de obtener una extraordinaria rentabilidad sin que medie esfuerzo alguno, ingresan a la estructura (por supuesto por su base) al decidir su cuota en favor del sostenimiento de los afiliados antiguos, que de incautos tentados devienen así en inversionistas exitosos. También sabemos que la estructura puede colapsar por una de tres causas: saturación aritmética, pánico financiero (o en su defecto conciencia ciudadana) o intervención de organismo regulador; y que, en el momento en que esto sucede, mientras que la base de la estructura se quiebra (o sea, la mayoría de sus afiliados, que devienen así en timadas víctimas), los recaudos acumulados por la élite de la estructura que conforma su pináculo (y a quienes en primer término se debe la existencia de la misma), hacía rato engrosaban sendas cuentas bancarias legalmente constituidas en el exterior en algún reconocido banco, o sea, un banco inmune a intervenciones de organismos reguladores que esté en capacidad de garantizar el anonimato de sus prestigiosos cuentahabientes: testaferros, funcionarios corruptos y gente influyente de discurso políticamente correcto.

 

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